En el Estado español se está librando una batalla por parte de las fuerzas conservadoras contra la implantación de la asignatura llamada Educación para la Ciudadanía en el currículo escolar. Esta consiste básicamente en una campaña para que las familias ejerzan la objeción de conciencia en los territorios gobernados por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el desarrollo de políticas legislativas obstruccionistas en los gobernados por el Partido Popular (PP).

El caso más mediático, por su carácter surrealista, es la situación que se está dando en el País Valenciano, donde el gobierno del PP en esta comunidad autónoma, legisló para el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), que además de que la asignatura debería darse en inglés, existía la posibilidad de que las familias pudieran optar por un procedimiento en que el alumnado sólo sería evaluado trimestralmente por un trabajo escrito (en inglés) sobre un tema previamente escogido por la familia. Todo ello, en un marco en que previamente o bien los socialistas, o el PP, en donde gobernaba, lo habían desprovisto de todo tema conflictivo (anticoncepción, homosexualidad, movimientos sociales, diferentes tipos de familias, etc.).

Para oponerse a ésta política, renació en el País Valenciano la Plataforma por la Enseñanza Pública. Éste es un movimiento social integrado por los sindicatos  mayoritarios de la enseñanza, STEPV, CC OO y UGT, las organizaciones de madres y padres, la Federación Escuela Valenciana (un amplio movimiento social en defensa de la enseñanza en valenciano), los Movimientos de Renovación Pedagógica (FMRPPV), los sindicatos de estudiantes, y asociaciones de directoras  y directores de centros de educación pública, así como la asociación de la Inspección Educativa Democrática. La Plataforma, además de la exigencia de que la Consejería de Educación anule la orden de Ciudadanía y exige que el gobierno valenciano se siente a negociar una tabla de reivindicaciones concentrada en un manifiesto de 13 puntos que incluye desde la creación de 47.000 plazas públicas de infantil en el curso 2011-2012 a la contratación de 300 profesores más de lengua extranjera el curso que viene o el diseño de un plan autonómico eficaz para combatir el alto índice de absentismo y fracaso escolar entre los jóvenes de 16 a 24 años sin título de ESO.

Este movimiento unitario fue reproduciéndose por ciudades y zonas educativas y sumando adscripciones a lo largo de todo el primer trimestre lectivo, al mismo tiempo que se iban encendiendo múltiples movilizaciones, encierros y pronunciamientos de prácticamente los 1.600 colegios e institutos valencianos, así como de ayuntamientos, partidos y organizaciones ciudadanas.

Esta protesta confluyó el pasado 29 de noviembre en la mayor manifestación que se producía en Valencia desde las movilizaciones contra la guerra de Irak. Cerca de 100.000 personas desfilaron por las calles de la ciudad en contra de la política educativa del gobierno del PP.

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Pese al éxito de la convocatoria, recogida en las portadas de la prensa de todo el estado, el gobierno valenciano no dio ninguna muestra de voluntad negociadora. Es por ello que la Plataforma lanzó la siguiente propuesta de su agenda: la convocatoria de  una huelga general de la enseñanza, consensuada entre sindicatos y familias en las fechas que menos pudieran perjudicar al alumnado, el 17 de diciembre, a dos días del fin del trimestre y con todas las evaluaciones realizadas.La primera victoria se produciría tan solo dos días antes de la huelga. Tras meses de amenazas y negativas, el aviso de una paralización total del sistema educativo, provoca por fin el primer movimiento del gobierno. Éste acepta una moratoria que permite en lo que resta de curso, que la Educación por la Ciudadanía se imparta de acuerdo con el proyecto educativo de cada centro y se compromete a negociar, antes del 15 de febrero los 13 puntos del manifiesto y por primera vez en la historia, negociar con un movimiento social unitario de profesorado, familias y estudiantes.

Estos días, una circular de tres páginas entierra de hecho la singular fórmula ideada por el gobierno valenciano de que el inglés sea obligatorio en las clases de Ciudadanía mediante traducción simultánea por parte de un segundo profesor. Tras las vacaciones navideñas volverá la normalidad a las aulas valencianas, al menos hasta el 15 de febrero, fecha límite impuesta a la Administración por la Plataforma.

Las movilizaciones realizadas de forma pacífica, pero con firmeza y unidad, fue un logro de los movimientos sociales que quedará en la historia de la educación de este país. Este proceso fue la mejor clase de Educación para la Ciudadanía que se pudo ofrecer.

Leslie Toledo    Federació de Moviments de Renovació Pedagògica PV (FMRPPV)

Albert Sansano  Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del PV (STEPV-Iv)