El presidente de CEAPA pide en el Congreso de los Diputados que ningún colegio segregador reciba dinero público

Jesús Mª Sánchez, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), ha comparecido esta mañana en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados para informar sobre la posición de la mayor organización de padres y madres de España en relación con el Proyecto de Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Sánchez ha informado de que muchos centros educativos en España discriminan por razón de sexo, raza, religión o conciencia, discapacidad y orientación sexual.

El presidente de CEAPA ha manifestado que la futura Ley para la Igualdad de Trato y no Discriminación “puede ser una buena herramienta a esgrimir por los ciudadanos y ciudadanas que vean vulnerados sus derechos en la escuela”.

Jesús Mª Sánchez ha denunciado que “hay colegios que de forma más o menos clara ofrecen un tipo de educación elitista y discriminatoria, a pesar de recibir fondos públicos”. Sánchez ha mostrado su oposición rotunda a que “los colegios segregadores reciban dinero público, bajo la coartada de la libertad de elección de centro, porque el Estado no debe financiar una educación contraria a los valores de nuestro sistema democrático”.

También ha resaltado la necesidad de preservar los derechos de la infancia en el ámbito educativo, “pues todos los niños y niñas tienen derecho a educarse en una escuela que refleje la diversidad de la sociedad, en la que actualmente crecen y en la que vivirán cuando sean adultos”.

En referencia a los centros que sólo escolarizan a niños o a niñas, CEAPA considera “muy negativo privar a los menores del derecho a convivir y a socializarse con la otra mitad de la población”. Sostiene que la educación diferenciada “crea muros” entre hombres y mujeres, algo que considera muy grave porque “una de las causas de la violencia de género reside en la dificultad que tienen muchos hombres para identificarse y ponerse en el lugar de las mujeres”.

Así mismo, el presidente de CEAPA ha señalado que padres y madres inmigrantes y de etnia gitana tienen mayor dificultad para escolarizar a sus hijos en muchos centros concertados, a causa de las diferentes prácticas disuasorias que utilizan estos centros cuando no quieren escolarizar a determinado alumnado.

Sánchez también ha denunciado que se discrimina a quienes no cursan religión en los centros educativos, pues muchas familias “se ven obligadas a que sus hijos e hijas estén ‘aparcados’ en otra aula sin ningún objetivo específico”. Así, el presidente de CEAPA ha dicho que el derecho de unas familias a que sus hijos reciban formación religiosa “no debería generar unas obligaciones injustas a otras, derivadas de unos acuerdos de dudosa constitucionalidad”, en referencia a los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede de 1979. “El derecho de unos no debería ir en detrimento de otros”, ha concluido.

En referencia a los centros que sólo escolarizan a niños o a niñas, CEAPA considera “muy negativo privar a los menores del derecho a convivir y a socializarse con la otra mitad de la población”. Sostiene que la educación diferenciada “crea muros” entre hombres y mujeres, algo que considera muy grave porque “una de las causas de la violencia de género reside en la dificultad que tienen muchos hombres para identificarse y ponerse en el lugar de las mujeres”.

Así mismo, el presidente de CEAPA ha señalado que padres y madres inmigrantes y de etnia gitana tienen mayor dificultad para escolarizar a sus hijos en muchos centros concertados, a causa de las diferentes prácticas disuasorias que utilizan estos centros cuando no quieren escolarizar a determinado alumnado.

Sánchez también ha denunciado que se discrimina a quienes no cursan religión en los centros educativos, pues muchas familias “se ven obligadas a que sus hijos e hijas estén ‘aparcados’ en otra aula sin ningún objetivo específico”. Así, el presidente de CEAPA ha dicho que el derecho de unas familias a que sus hijos reciban formación religiosa “no debería generar unas obligaciones injustas a otras, derivadas de unos acuerdos de dudosa constitucionalidad”, en referencia a los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede de 1979. “El derecho de unos no debería ir en detrimento de otros”, ha concluido.

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