El crecimiento económico de gran parte de los países de la región, no ha favorecido a amplios sectores de la población que están excluidos del ejercicio de derechos. Es el caso de los más de 70 millones de personas analfabetas funcionales y jóvenes denominados “ninis” porque no estudian ni trabajan debido a falta de oportunidades y políticas inclusivas en materia de educación.
Así lo sostuvo Nélida Céspedes, pedagoga peruana, secretaria general del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), organización que viene impulsando en los 21 países donde tienen representación una campaña para que los Estados garanticen a todas las personas sin discriminación su derecho humano a la educación.
Esta petición, que incluye al Estado peruano, demanda que los países erradiquen posturas que pretenden colocar la educación como una mercancía en concordancia con enfoques neoliberales que, de concretarse, pondrían en riesgo su gratuidad y excluiría a las poblaciones en pobreza y pobreza extrema que cuentan con menos oportunidades para el desarrollo.
“La asamblea general de Naciones Unidas verá esta agenda el 22 de septiembre y esperamos que la delegación peruana defienda el derecho humano a la educación desde un enfoque holístico en el marco de la defensa de la dignidad, la justicia social y la sostenibilidad ambiental”, señaló.
Advirtió que es urgente que el Estado refuerce sus políticas en relación a la educación de jóvenes y adultos (EPJA) que constituyen un sector prácticamente abandonado de las prioridades educativas. “Es un crimen que peruanos y peruanos sean parte de los más de 70 millones de analfabetos funcionales y jóvenes ninis de América Latina y el Caribe, llamados así porque no han tenido oportunidades ni para estudiar ni trabajar”, remarcó.
De acuerdo a la UNESCO, en América Latina y el Caribe hay unos 73 millones de analfabetos funcionales, de ellos, entre 36 y 40 millones son iletrados y el resto son personas con muy baja educación, o sea analfabetos funcionales, incapaces de incorporarse a las transformaciones del mundo actual.
Céspedes propuso fortalecer la identidad de la EPJA, para lo cual resulta fundamental atender a la población rural que accede apenas en un 0,6% a la educación, lo que pone en evidencia las profundas brechas de inequidad social en el país. “La educación es la llave para el ejercicio de otros derechos, pero amplios sectores de nuestros jóvenes y adultos se encuentran al margen”, indicó.
También planteó la necesidad de incrementar el presupuesto a este sector, y recuperar el enfoque de la educación popular que coloca a las personas como el centro de las políticas y contribuye al fortalecimiento de su ciudadanía para la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).
La coordinadora de CEAAL se dirigió a la ministra del sector, Patricia Salas, para solicitarle una mayor atención a las políticas referidas a la Educación Básica Alternativa, incluyendo la formación y capacitación docente así como un diseño curricular específico. “De esta forma veremos una mejora sustancial no solo en la cobertura sino en la calidad, aspectos que favorecerán a jóvenes y adultos como parte de su derecho a la formación continua”, dijo.
La campaña promovida por CEAAL en 21 países incluye la entrega de cartas suscritas por organizaciones, colectivos y movimientos sociales a los ministerios de educación, solicitando que en la cita global del 22 de septiembre, aseguren como Estados que garantizarán a sus poblaciones el derecho humanos a la educación gratuita y universal.
Organizaciones diversas vinculadas a la esfera educativa han suscrito la misiva dirigida a la ministra Salas, entre ellas TAREA, Escuela para el Desarrollo, Edaprospo, Alternativa y el Instituto Bartolomé de las Casas. La campaña tiene una cuenta de Facebook: https://www.facebook.com/ceaalencampana
