La iniciativa es la primera gran reforma en materia escolar que saca adelante el gobierno de Michelle Bachelet y que se funda en las demandas y grandes movilizaciones estudiantiles del 2011 y 2012.
El proyecto de ley tiene por objeto terminar con las desigualdades estructurales del sistema educativo, a fin de garantizar a todos los chilenos el derecho a una educación de calidad, sustentado en tres ejes: fin al lucro en establecimientos que reciben recursos públicos; el término de la selección escolar y la derogación del sistema de financiación compartido.
Tras la votación, el ministro de educación Nicolás Eyzaguirre expresó su «gratitud y satisfacción» con el respaldo parlamentario, tras diez meses de discusión.
