Documento de bases para una nueva Ley de Educación. Acuerdo social y político educativo.

El derecho a la educación es un derecho universal que los poderes públicos están obligados a hacer efectivo para todos los ciudadanos y ciudadanas en términos de igualdad y, por tanto, de gratuidad. El instrumento para satisfacer tal derecho fundamental es la Escuela Pública, entendida como la institución que integra el conjunto del sistema educativo y de todos sus niveles, cuya regulación y garantía corresponde a las administraciones públicas.

La política educativa no puede ser sino una política pública; es decir, aquélla que es discutida, decidida y gestionada por la ciudadanía. Por eso, el primer reto al encarar la política educativa reflejada en un Proyecto de Ley es oponerse a una concepción restringida y poco democrática en la forma de entender cómo se hacen las leyes, sometiendo el proceso de su elaboración a una actividad colectiva, lúcida y consciente, dirigida al análisis y cuestionamiento crítico del estado actual de la educación.

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