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Carta de Porto Alegre en Defensa de la Educación

Carta de Porto Alegre en Defensa de la Educación

En el siglo XXI, la educación se volvió esencial para el desarrollo tecnológico y económico de las sociedades. También se convirtió en condición para el acceso al mercado de trabajo y para la formación de ciudadanas y ciudadanos capaces de definir su futuro y controlar democráticamente a sus representantes.
La educación, la justicia social y la democracia son conquistas civilizatorias y constituyen los pilares de las sociedades que generan el desarrollo económico socialmente inclusivo. En estas sociedades, el Estado es responsable de garantizar el acceso universal de la población a la educación a través de la escuela pública, y también la calidad de la educación ofrecida.

En Brasil, a pesar de los avances logrados en el acceso universal a la educación en las últimas décadas, todavía hay un largo camino por hacer, sobre todo para asegurar la calidad de la educación que Brasil necesita para superar la crisis política y económica, manteniendo las políticas sociales, la democracia y el respeto a las instituciones.
Compete al Estado brasileño, desde los  municipios, a través de los gobiernos de los estados y hasta el federal, la responsabilidad de garantizar las condiciones necesarias para la universalización de la educación básica y la expansión de la educación superior.
Entre estas condiciones, están los fondos para el mantenimiento de las instalaciones y materiales pedagógicos de las escuelas públicas, para un buen atendimiento a los estudiantes y para la justa remuneración del profesorado, pagando sin retrasos o con parcelamientos. Están también la garantía al derecho de participación de las entidades y órganos representativos del profesorado y de la comunidad escolar en la definición de las políticas públicas y la garantía de la libertad de enseñanza, libre de persecuciones y de censuraspolíticas e ideológicas.

Hoy en Brasil, crecen corrientes de pensamiento y movimientos y aumenta el número de gestores públicos que consideran la inversión en educación como un gasto público a reducir y no como un requisito imprescindible para el desarrollo económico, social, político y cultural del país.

La propuesta de estas corrientes de pensamiento es transferir para el sector privado de la economía varias funciones del Estado, desobligándole  de actividades públicas esenciales de calidad, que la gran mayoría de la población no puede pagar.

En un momento en que la violencia ha crecido, es aún más necesaria la acción del Estado en la creación y el mantenimiento de la educación general y profesional, la cultura, el deporte y el ocio, accesibles a todos los sectores de la sociedad.

En una crisis social en que la intolerancia vieneimpidiendo el debate político constructivo entre diferentes posiciones políticas e ideológicas y en que los grandes medios de comunicación pasaron a moldear la conciencia nacional, es preciso, más que nunca, que las escuelas proporcionen la libre circulación y discusión de ideas divergentes, que permitan la formación de una ciudadanía capaz de analizar y evaluar lasinformaciones, a veces inexactas, que les llegan en gran cantidad.

Frente a estos desafíos, llamamos a la sociedad de rio-grandense para debatir y posicionarse sobre este tema tan necesario para las sociedades civilizadas como es la educación pública.
Para esto,  constituimos, en este día, el COMITÉ EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DE RIO GRANDE DO SUL

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