Opinión Jesús Aguayo DíazLa sospecha de que el sistema educativo español pueda estar adoctrinando a niños y jóvenes es un fantasma que vienen agitando desde hace tiempo algunas fuerzas políticas. La sospecha ha adquirido la categoría de certeza en determinados territorios como Cataluña, en donde, aseguran, se ha producido todo un experimento de ingeniería social mediante el cual, y con la colaboración necesaria de los noventa mil docentes catalanes, se habrían manipulado las mentes de toda una generación para convertirla al independentismo.
Viendo el éxito que ha tenido el fantasma del adoctrinamiento a la hora de construir alguno de los relatos sobre la cuestión catalana, y casi superponiéndose con ellos, se empezó a utilizar también como munición de grueso calibre para combatir la llamada ideología de género. Resulta que no solamente se adoctrina en la escuela catalana, también ocurre en los centros educativos del resto de comunidades autónomas, pero esta vez en materias relativas a la sexualidad o a cuestiones morales. En fin, todo un relato distópico al más puro estilo de Husley. Exageraciones aparte, se puede decir que históricamente siempre hubo un sector social y políticamente muy conservador en España que desconfió del sistema educativo en general y de la escuela pública en particular; en la postguerra el sector de la administración que fue objeto de una depuración más intensa por parte del régimen franquista fueron precisamente los cuerpos docentes. Ahora, hay quien insiste de nuevo en poner a la escuela bajo sospecha y, tanto es así, que algunas administraciones educativas, como la murciana, pretenden implantar una autorización expresa de padres y madres previa al desarrollo de determinadas actividades en el aula. Es lo que han venido a llamar, tergiversando la lengua, “pin parental”, a lo que realmente debemos llamar veto parental.
