La Educación es una de las vías de integración más importante de un país y tiene capacidad transformadora. Por eso, siempre es una batalla entre gobiernos de distinto signo de un mismo país y, como prueba, las sucesivas leyes educativas que no han logrado darle un marco estable en España. Aunque la Constitución consagra que “todos tienen el derecho a la educación” y a una enseñanza básica “obligatoria y gratuita”, hay muchos mecanismos que obstaculizan la igualdad de oportunidades entre el alumnado que debe garantizar la enseñanza pública y ralentizan (cuando no paran) el ascenso social.
Los movimientos sociales y laborales, como la Marea verde, llevan años denunciando que los gobiernos han adelgazado la enseñanza pública con los recortes durante la crisis, pero estos activistas también están vigilantes sobre cómo se desvía el dinero público a la empresa privada o cómo se segrega a los alumnos dejando al margen a los que tienen una mayor necesidad de atención por parte de las administraciones autonómicas que ostentan esta competencia.
